Trabajadores de la ex Matas buscan aval político para anular remate judicial

Afirman que la decisión de la jueza de rematar los bienes de la ex Industria Matas incumple con la ley de ocupación temporaria que les garantizaba explotar la empresa hasta 2022.

La incertidumbre laboral volvió a instalarse en los ex trabajadores de Industrias Matas tras conocer la noticia de que American Garlic se había quedado con la empresa luego de ofertar 25 millones de pesos en un remate dictado por la jueza Gloria Esther Cortez del juzgado Nº 2 de Concursos y Quiebras.

La noticia resultó ser una amarga sorpresa para los más de ochenta ex trabajadores que hace cinco años decidieron organizarse y conformar la cooperativa de trabajo La Terre, con el objetivo de resguardar de la quiebra a los inmuebles y maquinarias, reactivar la producción y conservar de este modo su única fuente de ingresos.

En ese marco, los trabajadores ofrecieron ayer una conferencia de prensa para manifestar su preocupación por la continuidad de la cooperativa y además señalar que la decisión de la justicia estaría incumpliendo la Ley de Ocupación Temporaria que los habilitaba a operar la fábrica hasta 2019 con la opción de pedir una prórroga por tres años más.

Al parecer, la jueza avanzó con el remate porque la cooperativa no había cumplido con el pago del canon de alquiler aunque el presidente de La Terre Daniel Sauretti, aseguró a este diario que la semana pasada gobierno ya había depositado $10.400.000 en concepto de canon.

Si bien el titular de la empresa American Garlic ha expresado su compromiso de conservar los puestos de trabajo, además de sumar otros 200 puestos más, Sauretti indicó que a pesar de las buenas  intenciones sienten que después de haber luchado tanto tiempo les están quitando de las manos algo que es de ellos. A esto se suma que la cooperativa tiene contratos asumidos hasta enero de 2020 por un valor aproximado de $10 millones.

En este contexto y más allá de las acciones legales que pueda llevar adelante Carlos Ferro, el abogado que defiende los intereses de la cooperativa, los trabajadores creen que es fundamental obtener el apoyo político por lo que hoy se reunirán con legisladores provinciales de todos los bloques partidarios.

Al respecto Ana Sevilla, una de las autoras de la ley de ocupación permanente, opinó que la jueza incumple con la ley de ocupación porque el remate debía haberse efectuado una vez concluido el plazo de seis años que dispone la norma. “Creo que la jueza ha tomado una decisión equivocada sin siquiera conocer el lugar o ir a ver las mejoras que han hecho los trabajadores. Tampoco les dijo que cesaran en su actividad comercial con lo cual esto hace que los trabajadores hayan asumido compromisos con terceros lo que podría generar un perjuicio económico a la cooperativa” concluyó.

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