Tierras locales claves se encuentran en manos de extranjeros

Firmas de capitales extranjeros de las que escuchamos hablar a diario (Villavicencio, Eco de los Andes, Repsol), figuran en la lista de empresas que poseen gran cantidad de tierras en Mendoza.

Según un informe de Catastro provisto a Cicunc Contenidos, los capitales foráneos ya poseen el 3% de tierras mendocinas. Lo preocupante es que la mayoría de estos terrenos están ubicados sobre la zona de seguridad; una franja ubicada entre la frontera con Chile y la Ruta 40, que abarca parte de Las Heras, el oeste de Luján, casi todo Tunuyán y Tupungato, y una buena parte de San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Según los expertos, este sector debería ser especialmente preservado por considerarlo clave para la defensa nacional. No sólo porque es área de frontera, sino también porque concentra recursos naturales estratégicos, como el agua -con nacientes de ríos, arroyos y glaciares- el petróleo y los metales cordilleranos.
A pesar de esto, en esa zona están radicadas desde la cementera suiza Minetti y la canadiense Coro Mining (San Jorge), hasta las embotelladoras de agua mineral francesa Villavicencio y suiza Eco de los Andes. También están los emprendimientos vitivinícolas, que se extienden a través del corredor del Valle de Uco. Allí se instalaron las bodegas holandesa Salentein, las francesas del Clos de los Siete, la española O Fournier y la gala J&F Lurton. La actividad petrolera de la española YPF en San Carlos y Malargüe está en este sector, al igual que el anglomalayo Complejo Valle de Las Leñas de Walbrook. Y en uno de los bordes, está la explotación de potasio de la brasileña Vale.
Estas ventas masivas se han producido porque, según las reglamentaciones vigentes, los foráneos no tienen ningún impedimento para la compra y son pocos los condicionamientos para asentarse en esa zona.
Sin embargo, existe un proyecto de ley del Ejecutivo nacional que pretende limitar la venta de tierras a extranjeros. La propuesta prevé restringir la venta hasta el 20 por ciento del territorio, pone un límite de hasta 1.000 hectáreas por comprador y establece la realización de un registro nacional de tierras rurales, que  no podrá demorarse más de 180 días luego de aprobada la norma.

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