La Corte Suprema suspendió en forma cautelar y a pedido de la fiscal general la presentación donde se alivian las reglas para indultar a condenados por corrupción y lavado de dinero.

El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió un revés jurídico luego de que la corte suprema suspendiera en forma cautelar y a pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, parte del decreto en el cual se alivian las reglas para indultar a condenados por corrupción y lavado de dinero.

La decisión fue tomada en forma temporaria -hasta que en febrero lo trate el pleno del Supremo Tribunal Federal- por la presidenta de la corte, Carmen Lúcia Antunes, a pocas horas de la presentación hecha por Dodge, la jefa de los fiscales de Brasil.

La fiscal había argumentado que la Operación Lava Jato corre riesgo debido a que el beneficio incluido en el decreto firmado el viernes pasado por Temer se reducen las obligaciones y los tiempos en prisión efectiva de los indultados.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal escribió en su fallo que “el indulto no es un premio al delincuente ni tolerancia al delito. Tampoco puede un acto de benevolencia o complacencia con el delito, sino un perdón a quien puede, tras haber respondido en parte, poder volver a reconciliarse con el orden jurídico”.

Antunes argumentó que existe con esta medida “una sensación de impunidad con los delitos de guante blanco”, al acatar el pedido de la procuradora general de la República.

El presidente Temer firmó un decreto en el cual puso nuevas reglas para dictar indultos, al reducir de un tercio a un quinto el mínimo de cumplimiento de la pena, además de aliviar la situación de los detenidos mayores de 70 años y que tengan hijos y nietos.

Además, incorporó como posibles beneficiarios a cambio del pago de multas a los acusados de lavar dinero y corrupción, situación en la que se encuentran varios aliados del gobernante, como el ex jefe de Diputados Eduardo Cunha, preso luego de haber comandado el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.

El fallo de la jueza suprema llegó luego de que el ministro de Justicia, Torquato Jardim, afirmara que el gobierno no cambiará el decreto.

El caso movilizó al Poder Judicial, como al juez Sérgio Moro y al jefe de los fiscales de Curitiba, de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol.

A ellos los respaldó la fiscal general Dodge, quien presentó el recurso ante la corte.

“El jefe del Poder Ejecutivo no tiene poder ilimitado para conceder indultos”, dijo en su escrito la fiscal

Dodge presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra el indulto por considerarlo “causa única de impunidad de crímenes graves”.

“La operación Lava Jato se está poniendo en riesgo”, escribió la fiscal general, que asumió en setiembre pasado por elección del propio Temer.