En la actualidad, el 35% de los titulares y el 54% de los suplentes no cuentan con el título de profesorado. Los gremios reclaman más programas de capacitación en ejercicio.

El éxito de todo programa educativo no solo depende de los lineamientos que implementen los cargos directivos, sino de la capacidad de las bases para “entender” y llevar adelante el plan propuesto. En Mendoza, las políticas se ven restringidas por la falta de homogeneidad en la formación, que determina que uno de cada dos docentes que se paran frente a un aula en el nivel secundario no cuenta con formación pedagógica.

De acuerdo a datos oficiales de la Dirección General de Escuelas, de alrededor de 20 mil personas que se dedican a las tareas formativas en el nivel secundario, menos de la mitad posee un título de profesorado y el resto son profesionales sin formación pedagógica o estudiantes con carreras inconclusas.

La situación varía de acuerdo a si el docente posee la titularidad o no. Según los registros, de los 9.950 titulares en ejercicio, 6.428 poseen un título docente, lo que representa el 64,6%; mientras que los 3.522 restantes (35,4%) provienen de otras profesiones e hicieron carrera dentro del sistema educativo.

El panorama cambia completamente si se toma como referencia a quienes poseen un bono de puntaje. En la actualidad, existen un total de 35.989 personas con un bono que los habilita para presentarse a los llamados de cargos vacantes. Sin embargo, solo 16.556 (26%) contaban al momento de obtener el bono con un título de profesorado, mientras que 19.433 (64%) poseía otro título profesional o aún no se recibía. Vale aclarar que la última vez que se otorgaron bonos fue en 2011 y desde entonces la situación puede haber variado.

Una foto del momento

Para Emilio Moreno, secretario técnico de la Dirección de Educación Secundaria, “el panorama no es tan desolador” si se tiene en cuenta que los docentes de Mendoza se caracterizan en el país por ser quienes más se preocupan por capacitarse. “De hecho, unos 4 mil docentes se encuentran en estos momentos realizando el curso de jerarquía directiva, lo que remarca su compromiso con asumir nuevas responsabilidades en la dirección escolar”, destacó. Otro caso es el de los preceptores, que en la actualidad cuentan con carreras, mientras que hace 30 años alcanzaba con que tuvieran un título secundario de perito mercantil.

Por otro lado, la complejidad y la variedad de conceptos que se incluyen en el programa de estudios, haría imposible que los egresados de profesorados se hicieran cargo de la totalidad de materias disponibles. Profesionales como los ingenieros, contadores, abogados son necesarios en el sistema educativo ya que hay espacios curriculares que sí o sí los tienen que dictar ellos.

Formación en ejercicio

Para hacer frente a la falta de profesionales, desde los gremios insisten en la necesidad de que el Gobierno articule mayor cantidad de instancias de “formación en ejercicio”. Liliana Chaves, secretaria gremial del SUTE, explicó que “desde el sindicato llevamos insistiendo en la posibilidad de articular estos mecanismos, lo que le permitiría a un gran número de docentes el poder complementar su experiencia áulica con herramientas pedagógicas”.

Sin embargo, desde la DGE se mantienen en la posición de que los mecanismos no pueden limitarse a cursos o capacitaciones breves. Moreno remarcó que “el que no tiene una formación pedagógica tiene que hacer una carrera, no hay otra. Las carreras que se están discando de complementariedad duran al menos dos años. Hay que tener en cuenta que quienes hoy están frente al aula estudiaron por lo menos 1800 horas reloj, 40 materias, durante 3 años como mínimo. No hay curso que te habilite para dar clases”.

A mediados de febrero, el Ministerio de Educación de la Nación lanzó una convocatoria de propuestas formativas a través de capacitaciones semipresenciales con complemento virtual. La oferta fue limitada (y con un cupo acotado) para técnicos y otros profesionales que dictan asignaturas no concurrentes con su título de base y tienen una antigüedad mínima de tres años. La experiencia servirá de modelo para otros programas que se implementen en el futuro.