San Jorge: festejos y más cruces políticos

Pasó el vértigo luego de la decisión que tomó la Legislatura sobre el proyecto minero San Jorge, y aparecieron las repercusiones.

Después de que Diputados rechazara a ese proyecto para extraer cobre y oro, hubo festejos en Uspallata, zona donde se iba a instalar la minera. Igualmente reina la desconfianza, pues creen que la decisión tuvo más que ver con la conveniencia política que con las convicciones.
Al mismo tiempo, los distintos sectores políticos salieron a justificar y aclarar su posición.
El rechazo a la minera se hizo de manera unánime, y lo más llamativo es que el tema se transformó en una puja electoral: los que salieron a hablar no fueron los funcionarios, sino los candidatos a serlo.
El primero en aclarar su postura fue el candidato a gobernador del PJ, Francisco Pérez, quien aseguró que la decisión se tomó “escuchando a la gente”, y acusó a la oposición diciendo que “la electoralidad y el vértigo de un sector de la oposición, motivada en su afán de confundir a la ciudadanía y tergiversar el necesario debate sobre los grandes temas, hace que debamos rechazar el proyecto San Jorge”.
Roberto Iglesias, candidato a gobernador, fue el vocero de la UCR y aprovechó para seguir pegándole al Gobierno por su actitud “zigzagueante”. “Primero eran pro mineros, después pasaron a una consulta popular y ahora lo rechazan”, cuestionó.
Pero fueron los propios ciudadanos movilizados los que le pusieron coto a esa pelea política. “Llamamos a los mendocinos a no creer que los legisladores y candidatos tienen convicciones respecto de este tema. Solo escuchan cuando tienen miedo de perder elecciones”, expresaron los integrantes de la Asamblea Popular por el Agua.
Lo que no está claro es cuál va a ser la actitud de la empresa. San Jorge es propiedad de la canadiense Coro Mining, que puede seguir dos caminos: rediseñar el proyecto y presentar un nuevo informe de impacto ambiental; o la vía judicial, camino que ya inició pidiendo que se declare inconstitucional la ley 7722, que restringe el uso de sustancias tóxicas en la minería y que obliga a tener ratificación legislativa para todos los proyectos.

Comentarios