Quitarían concesiones a empresas petroleras por falta de inversión

También habría multas por falta de inversión; Hay una fuerte disputa empresaria y política.

Por Pablo Icardi 

El Gobierno licitó nuevas áreas petroleras con la idea de aumentar a futuro las reservas y la producción. Pero aún no se logra terminar el proceso iniciado hace siete años, con la primera ronda de licitación. Incluso ese camino va a terminar en conflicto: el Estado está a punto de quitarle la concesión a una empresa y ejecutar multas a otras por falta de inversión. En el medio hay una fuerte disputa empresaria y política.

 

Gran parte de las pujas tiene que ver con el poder de los actores. La Provincia está en proceso de quitarle la concesión del área Río Diamante a la empresa OIl M&S. Se trata de la petrolera del grupo Indalo, que pertenece al empresario Cristóbal López, fuertemente vinculado con el Gobierno nacional. Según explican desde el Ejecutivo, esa firma nunca invirtió lo prometido. Por eso se abrió un expediente que ha circulado por distintos organismos y está en Asesoría de Gobierno. Sin embargo aseguran que al menos por ahora está tomada la decisión política de quitarle la concesión. Oil M&S ganó el permiso para explorar y explotar el área Río Diamante en una licitación que se hizo dos veces, se inició en 2007 y fue adjudicada por Celso Jaque en 2008. Una de las claves para otorgar la concesión era la promesa de inversión, cuestión que no fue cumplida.

 

Pero no es el único problema que se arrastra de ese proceso. La misma empresa Oil debe pagar 700 mil dólares por la garantía de la oferta de otra área petrolera, Río Atuel, por la que postuló y a la cual renunció cuando le dieron la concesión. En el mismo sentido está involucrada la empresa Ketsal, del grupo Vila – Manzano. Esa firma también había ofertado por el área Río Atuel y de hecho había quedado en primer lugar. Pero renunció a hacerse cargo. Por eso debía pagar 860 mil dólares como garantía de la oferta, cuestión que no se hizo. Incluso surgió la posibilidad de “canjear” la deuda con más inversión en otras áreas, proyecto que no prosperó luego de que se hiciera público.

 

En el Gobierno el tema genera problemas internos y externos. Técnicamente tienen todo para ejecutar las deudas. Pero analizan los costos políticos. En el medio está el proceso de la nueva licitación, donde el grupo Vila – Manzano también participa. Incluso los problemas técnicos que están por resolverse podría complicarlos en el análisis de los sobres A del nuevo concurso. Otro actor involuntario del tema es YPF, que quedó asociado a ese grupo empresario como herencia de la etapa privada.

 

Mañana habrá una reunión clave en Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará con los gobernadores petroleros sobre los planes que tienen para la actividad. El eje del debate está sobre el control de los recursos y la forma de asociarse entre YPF, las empresas estatales y los inversores extranjeros.

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