Un nuevo allanamiento en busca de más pruebas tuvo resultados negativos. La medida fue solicitada por el fiscal Gustavo Stroppiana.

El fiscal realizó ayer una inspección ocular, luego de que una testigo indicara que existe documentación enterrada en el predio.
"Una de las víctimas que ya había declarado en Cámara Gesell hizo otra declaración y en función de ello vinimos a buscar algunas cajas que habían enterrado algunos de los imputados", explicó a los medios el fiscal Gustavo Stroppiana por su presencia esta mañana en el Instituto.

Ademas, agregó que la testigo "señaló lugares precisos con material clave para la causa" y que "la intención del Ministerio Público es agotar las fuentes de información, así que vamos a buscar las cajas".

"La chica dijo que lo vio desde su habitación (el enterramiento de las cajas) pero paso diez años y para poder recrear aquello subimos a la habitación y desde la ventana la testigo indico el lugar para la excavación".

"El área delimitada para la búsqueda de estos elementos fueron de unos diez metros cuadrados que luego de algunas horas habiendo resultado negativo este procedimiento terminó acá, no quiere decir que no tengamos más medidas dentro del Instituto", agregó.

El fiscal además resaltó que aún quedan pendientes testimonios en Cámara Gesell y recordó que los elementos secuestrados en el último allanamiento realizado el pasado martes están siendo analizados por la policía científica para saber el contenido de las computadoras.

El último martes se había realizado otro allanamiento en las habitaciones, talleres y galpones del instituto, durante el cual se secuestraron diez computadoras y cámaras fotográficas con material pornográfico, además de anticonceptivos en el sector de las monjas, según indicaron los abogados querellantes de la Agrupación Xumec.

"A medida que la causa avanza las víctimas van tomando confianza y se la dan entre ellos, además del apoyo psicológico, todo esto hace que se animen a hablar y puedan vencer el miedo", concluyó el fiscal.
En febrero último, la Justicia de Mendoza determinó la prisión preventiva para los cinco imputados, entre ellos dos sacerdotes, por el abuso sexual de 25 niños, niñas y adolescentes hipoacúsicos que concurrían al Próvolo, ubicado en la localidad de Luján de Cuyo, cercana a la ciudad de Mendoza.

Se trata de los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), el monaguillo José Bordón (50), el empleado administrativo José Luis Ojeda (41) y el jardinero Armando Gómez (46), detenidos e imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".

En tanto, la monja Kosaka Kumiko, implicada en el caso por "participación y complicidad en los abusos" continúa prófuga.

 

Fuente: Telam