Promueven acción judicial contra la AFIP por la cancelación indebida de CUIT

La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar en una acción de amparo presentado por un contribuyente y ordenó a la AFIP suspender una medida de inhabilitación de la CUIT.

El caso se inicia a fines del año pasado cuando un profesional médico se entera que la AFIP lo había excluido de pleno derecho de la categoría de monotrobutista y le había inhabilitado su CUIT. Esa situación le impedía imprimir facturas en papel, emitir facturas electrónicas y acceder vía web a las herramientas que el organismo dispone para el pago de las obligaciones de los contribuyentes. En consecuencia, además de pasar a tributar IVA y Ganancias, el profesional se vio perjudicado económicamente al no poder facturarle a las empresas que presta servicios.

Tras acudir a una de las sedes de AFIP para consultar sobre el motivo de las sanciones, desde el organismo se le notificó que había sido excluido del monotributo en noviembre de 2017 en forma retroactiva a octubre de 2017 y que luego de determinados incumplimientos como la falta de presentación de las declaraciones juradas de IVA de esos meses se le había cancelado la CUIT. Además se le informó que tal exclusión habría sido publicada en el Boletín Oficial.

El abogado Marcelo González Videla, quien estuvo a cargo de promover el amparo judicial contra la AFIP, afirmó que luego de una exhaustiva búsqueda al día de la fecha no se ha logrado encontrar el nombre de su representado ni la notificación a través de los actos administrativos en el Boletín Oficial a los que hace referencia la AFIP.

La estrategia fue presentar en la Justicia Federal una acción de amparo contra el Estado Nacional-Administración Federal de Ingresos Públicos- con objeto de solicitarle que se le ordene a la demandada a que dicte y notifique los actos administrativos de exclusión del monotributo y cancelación de la CUIT, permitiéndole a su cliente ejercer el legítimo derecho de defensa y a la vez que queden sin efectos la cancelación de la CUIT, el bloqueo de clave fiscal y suspensión de los servicios que a ella se encuentran adheridos, hasta tanto adquieran firmeza.

González Videla señala que este tipo de medidas por parte de la AFIP conculcan (van en contra de lo que dispone una ley, norma o principio) derechos y garantías fundamentales de los contribuyentes imponiendo su voluntad y poder por vías de hecho que se encuentran prohibidas en la administración, y que se caracterizan por la ausencia de actos administrativos y su consiguiente notificación. Y que estas vías de hecho se efectivizan mediante exclusiones automáticas del régimen simplificado (monotributo) hasta la inactivación de la CUIT generándose además abultadas deudas. Luego, mediante la cancelación de la CUIT, son cobradas las deudas generadas a cambio de la rehabilitación o activación de la misma.

Entre los fundamentos que presenta el abogado manifiesta que “según la resolución general 3358/12, en cuanto a la posibilidad de dar de baja de pleno derecho la CUIT, la misma no supera el estándar de razonabilidad, en tanto los medios elegidos para cumplir los fines propuestos resultan manifiestamente desproporcionados pues la norma cuestionada coloca en infracción automática a todos los sujetos a los que la AFIP les canceló la CUIT y los obliga a transitar un procedimiento para demostrar que la medida no se les aplica, en una clara inversión del procedimiento sancionatorio. Por otra parte, conforme se desprende de las constancias de las causas y del informe de AFIP, no se advierte que la suspensión haya sido dispuesta por un acto administrativo notificado al contribuyente.

En base a este y otros argumentos el Juzgado Federal de Mendoza 2 resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a AFIP la suspensión de los efectos del acto de exclusión de la CUIT y de los servicios que a ella se encuentran adheridos, en especial se permita emitir comprobantes o facturas electrónicas”. Además fija como límite temporal de la medida precautoria adoptada el término de tres meses a partir de que se haga efectiva la presente resolución.

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