El Gobierno provincial se propone reducir la litigiosidad y disminuir los tiempos de resolución de conflictos. Abogados se oponen y tachan al proyecto de ley de inconstitucional.

De acuerdo a estadísticas judiciales, durante 2016 se iniciaron un total de 19.166 demandas laborales, de las cuales 14.477 corresponden al área metropolitana. En una provincia donde existe una causa cada cuatro personas, los datos no solo son preocupantes sino que ameritan de soluciones urgentes. Desde el Ejecutivo promueven una ley para instrumentar una Oficina de Conciliación Laboral (OCL) cuya finalidad consista en acortar tiempos y oxigenar el trabajo que se realiza en los juzgados.

Basado en jurisprudencia nacional, el proyecto parte del diagnóstico de que la alta litigiosidad imperante termina volcándose en contra de los trabajadores, que no cuentan con la fortaleza económica para sostener sus demandas en el tiempo y terminan aceptando tratos denigrantes con sus ex empleadores, con tal de poder sostener a sus familias.

Para eliminar este “filtro” de precariedad, desde el Gobierno formularon la necesidad de anteponer una oficina administrativa que tome las demandas laborales antes de su judicialización y busque un acuerdo de conveniencia mutua. El procedimiento consta de una serie de etapas en las que las partes formulan sus pretensiones y avanzan en la posibilidad de llegar a una resolución extrajudicial.

Durante el proceso, el empleador y el trabajador son acompañados por un “conciliador”. Se trata de una nueva figura encarnada por un abogado inscripto en un registro público, que toma el caso por sorteo y se compromete a conducirlo hasta llegar a buen puerto. Sus honorarios se deducen de un fondo público y el monto que perciben depende del éxito o fracaso de su intervención. Si logran un acuerdo pueden cobrar hasta $3.000 por caso, pero si el desenlace es negativo, solo se llevarán $250 al bolsillo.

Oposición

La versión preliminar recién comenzó a ser analizada esta semana por el Senado, pero ya cuenta con resistencia en el sector letrado. Este es el caso de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mendoza, representado por Carlos Eugenio Felici (un histórico radical, que participó del gobierno de Felipe Llaver y fue el primer subsecretario de Trabajo desde la recuperación de la democracia), quien ya tachó el proyecto de inconstitucional.

“Consideramos que es absolutamente inconstitucional privarle al trabajador el poder reclamar de manera directa a la justicia por sus alimentos, su sueldo, aguinaldo, y vacaciones, entre otras cosas”, dijo el ex funcionario y aseguró que “con este mecanismo se discrimina a la persona por el solo hecho de ser trabajador y se le priva del derecho que tiene cualquier otro ciudadano”.

Felici dijo que la litigiosidad es usada por el Gobierno como excusa para “montar un organismo burocrático, ineficaz y muy caro para el erario público”. “Con el mismo presupuesto se crearían en Mendoza dos cámaras más del trabajo. Con las cuales no solo lograríamos acortar los pleitos, garantizar los derechos de los trabajadores en un pie de igualdad y con la posibilidad de probar lo que se dice”, resaltó.

El proyecto se encuentra aún en comisiones y se espera que en las próximas semanas pueda ser tratado por ambas cámaras en la Legislatura.