Para la comisión investigadora hubo intento de golpe en Ecuador

Una comisión investigadora determinó que la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, en el que se secuestró al presidente Rafael Correa, fue un intento de golpe de Estado aún impune, en que estuvieron involucrados el ex mandatario y coronel retirado Lucio Gutiérrez y grupos militares.
El titular de esa comisión investigadora, el jurista Carlos Baca Mancheno, aseguró que se pudo determinar “con claridad y precisión” que fue un intento golpista en el que confluyeron “varios factores, como la presencia de actores políticos y la manipulación y desinformación” de los medios de comunicación.
Baca exigió al ex presidente Gutiérrez, líder del partido de oposición Sociedad Patriótica, que responda por los sucesos. “Si se pretende decir que Sociedad Patriótica no estuvo directamente involucrado en la conspiración, se estaría mintiendo”, aseguró.
Otro tema que deberá explicarse, dijo el jurista, es la participación de dirigentes del izquierdista Movimiento Popular Democrático que, trepados en camionetas de la Policía, azuzaron a los ciudadanos a tomar las instalaciones de la Asamblea Nacional (parlamento) e incitaron a apoyar la sublevación.
El supuesto detonante de la asonada fue la aprobación por parte de la Asamblea de la Ley de Servicio Público, que regulaba ciertos beneficios a los miembros de las fuerzas de seguridad, lo que generó malestar, aprovechado por sectores de oposición para provocar protestas.
El punto culminante de la intentona fue el levantamiento del Regimiento de Policía Quito 1, el más grande del país, vecino al hospital donde fue gaseado, golpeado y secuestrado por horas Correa, rescatado por su cuerpo de custodia, mientras una multitud que se movilizaba para exigir su liberación fue violentamente reprimida.
El saldo de la trágica jornada en todo el país fueron ocho muertos y decenas de heridos, además de la ocupación de varios aeropuertos por fuerzas militares y el intento de toma de la televisión pública.
Baca lamentó que en el nivel judicial se haya montado “un verdadero aparato monstruoso para generar impunidad”.
Esa impunidad fue garantizada desde el 1 de octubre de 2010, cuando 90 agentes de la Dirección de Inteligencia de la propia Policía, por pedido del entonces fiscal general Washington Pesántez, se hicieron cargo de investigar esos hechos.
Francisco Torres, un asesor del presidente Correa que lo acompañó mientras estuvo secuestrado por los policías sublevados, aseguró al día siguiente, que participaron de la asonada civiles de la opositora Sociedad Patriótica que “intentaron borrar la señal” de aire de la televisión estatal.
Tras agradecer el apoyo que dieron entonces la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Torres afirmó que no habrá “impunidad”, la que sin embargo se mantuvo hasta ahora, según la denuncia de esta semana del titular de la comisión investigadora.
Otro dato significativo lo dio en aquellos días a esta agencia el presidente de la juventud de la gobernante Alianza País, Santiago Morales, quien recordó que “la misma policía que se sublevó (en 2010), en 2005, cuando un levantamiento popular derrocó al ex presidente Gutiérrez, reprimió a la gente y fue el principal y último apoyo del gobernante”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el intento contra Correa “no lo hacen cuatro policías”, sino que, a su juicio, estuvieron involucrados el Pentágono y la CIA estadounidenses.

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