Organizaciones de derechos humanos reclamaron ante el Consejo de la Magistratura por "soluciones de fondo" que permitan subsanar las "demoras" y un "constante retroceso" en las causas que tramitan ante la Justicia.

A poco de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, las entidades de Derechos Humanos expresaron su "creciente preocupación" por el estado de los expedientes enmarcados en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, por los crímenes del terrorismo de Estado cometidos en esa etapa.

El reclamo está contenido en un documento firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Fundación Memoria, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S.-Capital, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentado al Consejo de la Magistratura y que desde ayer está en poder de los trece integrantes del cuerpo.

En el documento señalan "nuestra creciente preocupación, como organismos de derechos humanos, ante el constante retroceso que venimos corroborando en torno al desarrollo judicial de los procesos vinculados a la Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes del terrorismo de Estado", señala el documento divulgado hoy.

En el primero de los cuatro puntos del escrito, las organizaciones cuestionaron la inclusión de Santiago Ulpiano Martínez, actualmente secretario del juzgado federal número 2 de Bahía Blanca, como candidato en segundo orden de mérito en la terna para cubrir las vacantes en la Cámara Federal de Bahía Blanca, donde tramitan numerosas investigaciones por delitos de lesa humanidad.

En este sentido, señalaron el desempeño "cuanto menos irregular" de Ulpiano Martínez en esos procesos, uno de los temas más recurrentes en las causas que se tramitan en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, para la que se postula en el marco de un concurso que tramita en la Comisión de Selección.

Las organizaciones advirtieron además que, en caso de resultar designado camarista de ese tribunal, Ulpiano Martínez "deberá inhibirse de intervenir en las causas por crímenes de lesa humanidad", ya que son parte en el proceso muchos de los que promovieron las denuncias en su contra ante el Consejo, lo que perjudicaría el desarrollo de judicial en causas "complejas y voluminosas" que allí se tramitan, incurriendo en "más demoras" en la búsqueda de Justicia.

En el Consejo ya existe un informe sobre la idoneidad de Ulpiano Martínez, elaborado en base a presentaciones realizadas por la Mesa de DDHH de la provincia de Buenos Aires, el 17 de noviembre de 2016, y por eso, tomando en cuenta el pedido de las organizaciones de que se "acumule",

Ayer se sumó ese elemento al expediente y será tratado en la próxima reunión de la Comisión de Selección, que tendrá lugar, de acuerdo con lo previsto, el 30 de este mes.

No obstante, el documento de las organizaciones de derechos humanos distribuido ayer en el plenario del Consejo de la Magistratura, no sólo puso el foco en la postulación de Ulpiano Martínez sino que reclamó al cuerpo una "solución de fondo" al problema de la integración de tribunales que deben intervenir en procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, a los que atribuye "retrocesos y demoras", porque "proliferan las excusaciones y recusaciones de magistrados".

"A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, solicitamos que el Consejo de la Magistratura tenga a bien generar los mecanismos que tiendan a resolver el constante deterioro que venimos corroborando en torno al Proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el ámbito del Poder Judicial", expresaron las organizaciones firmantes del escrito.

En esta línea, los organismos también advirtieron sobre la "grave situación" del Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de San Martín, que -indicaron- tiene "pendientes de realización al menos 21 debates orales sobre crímenes de lesa humanidad" cometidos en Campo de Mayo y la llamada Zona de Defensa 4, y que tiene un tribunal con integración "provisoria", "con dos magistrados que se desempeñan en otros tribunales", y que no pueden "dedicar el tiempo necesario para realizar estos postergados juicios".