Mendoza cuenta por fin con una ley de acceso a la información pública

De ahora en más cualquier ciudadano podrá solicitar datos sobre la administración gubernamental y contratos con empresas a cargo de servicios públicos.

A poco menos un año de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, Mendoza se suma como la decimosexta provincia en contar con un régimen similar. De este modo, cualquier persona podrá solicitar información sobre cómo el Gobierno administra las arcas del Estado y los contratos con empresas que proporcionan bienes, realizan obras o prestan servicios públicos. Aún resta la reglamentación del gobernador Alfredo Cornejo para saber cómo se instrumentará y desde cuándo podrá emplearse.

Se entiende por información pública a todo documento (escrito, fotografía, grabación, etc.) que dé cuentas de los actos de Gobierno, ya sea de parte de los funcionarios públicos como de parte de las empresas que facturan para el Estado sus servicios, obras o bienes. Así, se puede conocer con todo detalle información tan variada como la ejecución presupuestaria de un área sensible (educación, salud, seguridad), conocer la evolución de la recaudación o los balances de empresas que prestan un servicio público. Incluye a todos los poderes del Estado, los entes de control, empresas con participación estatal, Departamento General de Irrigación, entre otros.

Si bien se fija un protocolo para pedir la información, todavía falta que se dicte el decreto reglamentario que la ponga en vigencia. Es de esperar que dados los avances de la administración pública en materia de expediente digital, gobierno abierto y desburocratización del Estado, el Gobierno elabore una plataforma virtual con formularios estandarizados para realizar las solicitudes. Un sistema que ya es empleado por el Gobierno nacional y que allana el camino para evitar congestiones o demoras.

La norma provincial, al igual que el texto nacional, mantiene reservas sobre lo que no se puede conocer. Se destacan aquellos datos sensibles en materia de seguridad interior y decisiones judiciales que puedan comprometer investigaciones en curso o la privacidad de las personas.

La sanción en ambas cámaras fue lograda gracias al consenso unánime de todas las fuerzas políticas. Se constituye, así, como una de las pocas normas que cuentan con aval para sumar transparencia a la administración pública. Si bien existía una docena de proyectos pendientes desde hace casi una década, el texto que prosperó fue redactado por el senador oficialista Ernesto Mancinelli, que más allá de los errores e imprecisiones originales, fue enriquecido por otras propuestas similares de otros legisladores de la UCR y el justicialismo.

La diputada radical Analía Jaime destacó la importancia de la ley, ya que “permite que se avance en la transparencia y gobierno abierto”. Una virtud que también fue considerada como muy importante por su par, Carina Segovia (PJ), al asegurar que “reglamentando este derecho constitucional básico, los funcionarios serán más responsables de sus actos”.

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