Productores afirman que el aumento del precio de la uva no alcanza para mitigar la difícil situación. Denuncian concentración comercial y falta de políticas que protejan la actividad.

Desde la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aroem) dicen que la problemática de los productores no responde a un hecho coyuntural, sino más bien a una situación que viene desde hace muchos años marcada por un proceso de concentración comercial en el sector vitivinícola y frutícola de la provincia. Esto, a la vez, ha derivado en una concentración de las tierra. Si bien lo que se  pagará por el quintal de uva duplicaría el valor del año anterior, los productores afirman que la producción es aún menor a la de 2016 que está posicionada como la más baja de los últimos 50 años.

Para Gabriela Lizana, presidenta de Aproem, es en este sector concentrado donde se encuentran los únicos ganadores que se financian con el trabajo de los productores y además son  los que imponen las reglas del juego. Así, entre no más de cuatro grandes empresas se decide arbitrariamente cuál será el valor que tendrá la uva y cómo se le pagará a los productores, sin tener en cuenta ninguna otra variable que la propia rentabilidad.

En este sentido Lizana explicó: “Este es el sector de la vitivinicultura al que le está yendo bien. Sin embargo el consumo de vino es cada vez menor, y esto no lo decimos nosotros, son datos publicados por el INV que registran una merma en el consumo mayor al 17% en comparación al año anterior”.  Y agregó: “Las grandes empresas cada vez venden más en contraposición al resto del sector, y esto se explica porque hay un enorme desbalance en la cadena de comercialización. Si uno compara el precio del vino en góndola con lo que realmente gana el productor la diferencia es absolutamente desproporcionada”.

Al respecto, señaló que se han hecho muchos estudios sobre los procesos que influyen en la cadena de comercialización pero que nunca se han tomado medidas concretas sobre los resultados. Distinta es la situación en otras regiones vitivinícolas como es el caso de Europa que cuentan con legislaciones que imponen límites para asegurar una mayor transparencia en la cadena de comercialización y de este modo logran una rentabilidad más equitativa para todos los actores.

Consultada sobre los espacios de negociación, mesas de trabajo y medidas tomadas desde el Estado para incentivar la actividad, la presidente de Aproem sentenció: “Ninguna de los anuncios hechos por el Gobierno sirve para nada. En los últimos diez años lo único que han hecho es favorecer la concentración económica del sector vitivinícola. Hasta el momento ningún gobierno derogó el decreto de desregulación de Cavallo que data de los 90 y que es la columna vertebral de las políticas de libre mercado sin control”.

Por su parte, Eduardo Bertolotti, un mediano productor del departamento de Junín, comentó que la regulación del sector es tan insuficiente que las operaciones de venta se realizan sin firmar ningún tipo de contrato y que en ocasiones los productores entregan la uva sin conocer efectivamente cuál será el precio y la forma de pago a la que se someterán.

“En el Estado no hay una verdadera vocación política para tomar decisiones que protejan al sector, un funcionario que hoy está al frente un algún organismo público mañana asume como gerente de alguna de las grandes bodegas. Que este año esté un poquito más cara la uva no significa nada. A lo sumo, que el productor no se va a morir este año, sino el que viene,” concluyó.