Fue tras la visita de sus miembros a las instalaciones de la cárcel donde la líder de la Tupac Amaru se encuentra alojada. Afirmaron que no hay elementos legales para que esté en prisión.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó ayer, al cerrar su visita de diez días al país por invitación del Gobierno nacional, una serie de preocupaciones vinculadas a los modos en que se priva de la libertad a las personas y se cumplen las condenas en la Argentina. Sobre el caso de Milagro Sala, encarcelada en Jujuy, subrayó que “sigue vigente” la opinión que brindó en octubre, cuando consideró que su detención era “arbitraria” porque “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva”.

En los puntos principales del informe los enviados de la ONU cuestionaron duramente: “las amplias facultades de la policía” para detener a personas por presunción de delitos o para identificación de identidad; el “exceso en el uso de la prisión preventiva”; criticaron las detenciones prolongadas en comisarías; el uso de “celdas de castigo”, en las detenciones de menores de 16 años y la aplicación del sistema penal “sobre los más humildes y vulnerables”, de acuerdo a los diversos testimonios que recolectaron.

En la sede de Naciones Unidas en Buenos Aires, los expertos Elina Steinerte (Letonia) y Setondji Adjovi (Benín), dos de los cinco integrantes del grupo, resumieron dichas “observaciones preliminares” que rescataron tras recorrer, según informaron, 20 lugares de detención y entrevistarse con 200 personas en Buenos Aires, Jujuy, y Chubut.

La especialista letona resumió el informe preliminar en un repaso ante la prensa. Planteó que la policía tiene “amplias facultades” para “privar a personas por sospechas de delito, o identificación de identidad”. Y explicó que esas facultades se ejercen, principalmente, “sobre menores en situación de calle, pueblos originarios” y la comunidad LGTBT.

Otro punto de crítica fue el “uso excesivo de la prisión preventiva”, según leyó la experta en derechos humanos de la ONU. Señaló que “no se refleja” el marco legal, que indica que ese régimen “debe usarse con características excepcionales” y que los detenidos en prisión preventiva “son aproximadamente el 60 por ciento” de la población carcelaria.

Las comisarías como lugares de detención fueron otra crítica marcada por Steinerte. “Encontramos detenidos que pasan años en esos lugares. Las comisarías no están preparadas y el personal policial no está capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios”, aseguró. El grupo, según destacó Steinerte, consideró “alarmante recibir manifestaciones sobre el uso de celdas de castigo, o de aislamiento”.

“Se nos informó que no puede detenerse a menores de 16 años”, señaló la especialista. Sin embargó, afirmó que “la delegación recibió testimonios” de detenciones “de menores de ocho años”. El grupo, remarcó Steinerte, “exhorta a que no se prive de la libertad a niños en centros no preparados”.

Además los miembros del grupo señalaron que “Hay selectividad en la aplicación del sistema de justicia penal”. “Los más humildes y vulnerables tienen mayor probabilidad de ser detenidos. Recibimos información de privación de la libertad en el marco de protestas sociales”, afirmó.

En cuanto a los resultados se supo en conferencia de prensa que el informe preliminar del grupo ya fue remitido a las autoridades gubernamentales.