“El valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante” dijo la jueza mendocina Eleonora Lamm.

El Tribunal Internacional Monsanto, conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países que analizaron el testimonio de más de 30 personas, concluyó tras un simulacro de juicio en La Haya que la empresa estadounidense de biotecnología es responsable de “ecocidio” y aunque su decisión no tiene implicancias penales, se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales.

“Si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante porque pone en evidencia la problemática, genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones”, dijo a Télam la jueza mendocina Eleonora Lamm, que integró la corte que dio a conocer su pronunciamiento.

El proceso contra la máxima productora mundial de herbicidas, impulsado por más de mil organizaciones de todo el mundo, se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.

Durante esas jornadas, Lamm junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.

Consultada por Télam sobre la decisión del tribunal de opinión, la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expresó que “el evento fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados”.

La empresa afirmó que “se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado” y añadió que “en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada”.

El Tribunal consideró a la empresa responsable de “ecocidio”, entendiendo esa figura como la de “causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen” e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Además, concluyó que Monsanto estuvo involucrada en prácticas que impactaron de forma negativa en los derechos a un medioambiente sano, a la alimentación, la salud y la información, tomando como base tratados y leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención de los Derechos del Niño.