Rafael Echeverri, especialista en ordenamiento territorial, tiene una visión crítica sobre los procesos en el continente. Asegura que se necesita un estado fuerte para controlar a la minería.

Por Horacio Yacante

El secretario técnico del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, Rafael Echeverri, visita Mendoza y habló sobre la importancia de mantener un plan de Ordenamiento Territorial que tenga en cuenta los costos ambientales que implican las actividades extractivas a futuro.

Con respecto a la minería, el investigador colombiano que expondrá esta tarde en la Universidad Nacional de Cuyo, comentó que “el problema no es que las empresas mineras vengan y se lleven todo el metal, sino que el desastre ecológico que dejan es un costo real para el futuro”.

Además, se refirió indirectamente a las leyes de protección del agua, al referirse que ya “no estamos en el siglo XIX […] y no hay un vacío legal que permita violaciones”. Su opinión es clave por el momento que vive Mendoza: está en pleno debate el Plan de Ordenamiento Territorial que se presentó en la Legislatura y también hubo un relanzamiento de la minería y el petróleo como actividades para diversificar la economía de la provincia.

¿Están estancados los proyectos de ordenamiento territorial?

Desde la perspectiva pública hay una crisis de resultados en temas de ordenamiento territorial en general. Esto significa que si bien llevamos una década de esfuerzos institucionales a nivel de naciones latinoamericanos, hay una gran insatisfacción de la sociedad en su conjunto por los resultados obtenidos. Se han creado programas, se ha invertido mucho dinero también, pero aún persisten grandes problemas globales como la pobreza en zonas rurales, el desplazamiento poblacional, degradación de los suelos y contaminación ambiental.

¿Se puede intentar otro enfoque?

Esta frustración ha generado una nueva concepción de políticas públicas que ha emergido de procesos políticos que ponen el énfasis en el modelo de “territorio” –entendido como un conjunto de variables dinámicas-, que requieren un tipo de construcción distinto al tradicional que hasta ahora se ha enfocado únicamente en la transferencia directa de subsidios.

¿Cómo se trabaja ahora?

Lo que se necesita ahora es avanzar en un concepto de bienes públicos territoriales en un ámbito de discusión que tiene que ver con la dimensión de conocimiento de la complejidad. Entonces hablamos de territorio como sistemas integrados de relaciones, entidades, visiones intersectoriales, multidimensionales. Es decir, una serie que nos saca de la linealidad tradicional que nos lleva a encarar siempre las mismas estrategias de crédito, agua y comercialización.

¿Cómo se aplicaría?

Resulta que si yo quiero desarrollar la economía rural, no solo tengo que analizar las variables de mercado, sino también la política ambiental, el problema cultural e institucional. Eso nos lleva a cambiar la forma de pensar, entender, investigar, conceptualizar, crear metodologías de aproximación. Hay una fuerte demanda de teoría sobre estos temas.

¿Necesitaría un cambio de leyes?

No necesariamente. Actualmente hay marcos legales de desarrollo sustentable, que introducen en una lógica del largo plazo, en que no se no hay beneficio actual sin costos a futuro. Otra cosa, no estamos en el siglo XIX, actualmente contamos con una legislación que establece los estándares ambientales y no hay un vacío legal que permita violaciones.

¿La minería es enemiga del desarrollo sustentable?

El problema de la minería hay que verlo con una visión a largo plazo. Acá se está dando la principal discusión sobre la sostenibilidad, soberanía y la construcción de una nueva sociedad. El problema no es que las empresas mineras vengan y se lleven todo el metal, sino el desastre ecológico que dejan. Ese es un costo real para el futuro.

¿Mendoza necesita la minería para aumentar la riqueza?

Existe el argumento de que la minería aumentará la riqueza, pero ¿qué es hacerse rico en una sociedad que ha construido lo que tiene de una manera propia sin minería? No sé si debe haber o no minería en Mendoza, pero debe ser consonante con los objetivos a largo plazo que se ponga la sociedad mendocina. Ahora, se puede hacer bien o se puede hacer mal, siempre y cuando se entienda cuáles serán los costos a largo plazo.

¿Los gobiernos tienen el poder suficiente como para imponerse?

Los gobiernos tienen la obligación de defender la soberanía de la sociedad por sobre los intereses económicos de las empresas extractivas, aunque mantengan que mantengas relaciones desiguales de poder. Por eso que los territorios con Estados débiles se explotan en malas condiciones y no hay quien defienda la soberanía.