La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó hoy que la sentencia emitida el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin poder a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y asume las funciones de éste, "viola el orden constitucional".
"En dicha sentencia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del estado consagrado en nuestra Constitución", expresó Ortega Díaz, citada por la agencia de noticias EFE y el diario local El Nacional, en su versión digital.
La Fiscal llamó a la reflexión para que "se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de pluralidad" y que se debata "de forma democrática, y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población", expresó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia judicial de Venezuela, decidió el pasado miércoles asumir las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia de la situación de "desacato", una condición que ese organismo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional por el incumplimiento de varias sentencias, en una medida que fue celebrada por el oficialismo.
"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", reza una sentencia del TSJ.
La decisión del Alto Tribunal desató una serie de rechazos desde varias países americanos, entre ellos Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos, pero Caracas respondió que esos rechazos son una "arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región".
Luisa Ortega Díaz es actualmente Fiscal General del Ministerio Público de ese país, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional.