No pudieron justificar gastos exorbitantes de limpieza durante la gestión anterior. Parte de los responsables hoy ocupan cargos legislativos en ambas cámaras.

El Tribunal de Cuentas de Mendoza resolvió una pieza separada que aún quedaba pendiente de 2014, donde se hallaron incongruencias en el pago de horas de limpieza en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Se trata de una diferencia de $2,9 millones que deberán ser devueltos en carácter solidario entre los ex directivos y personal contable. La responsabilidad alcanza a legisladores de los principales partidos.

El cargo deberá ser respondido por el ex presidente del IPJyC, Carlos Bianchinelli (actual diputado provincial por el PJ), el ex director Federico Domínguez, el ex director Miguel Bondino (actual senador provincial por la UCR), el ex coordinador de Administración y Servicios Carlos Cardone, el ex contador general Gonzalo Javier Jerez, y la ex contadora general Carina G. Andreoni.

El escándalo surgió en 2015 cuando se dieron a conocer una serie de gastos exorbitantes que dejaron en jaque la caja del instituto, y que la gestión oficialista terminó de desnudar al hacerse cargo a fines del mismo año. En este caso puntual, el tribunal encontró incongruencias en los registros contables sobre pagos a empresas por servicios tercerizados, en los que se destacaba un exceso de horas hombre, sin la efectiva acreditación en la prestación del servicio de limpieza de la casa central y dependencias.

Lo que llamó la atención a los revisores es que las horas facturadas sobrepasaban la capacidad de las personas que fueron empleadas para tales tareas, a punto tal que no podrían haber realizado ese trabajo si se sumaran todas las horas laborables más los francos.

Esto queda en evidencia en el fallo, donde se deja constancia de que “quedaron horas sin justificar (…) por cuanto excedían la cantidad de horas posibles que podría haber prestado el personal afectado en su jornada laboral y sus correspondientes francos semanales”.

En el fallo además se detalló: “Ante la falta de aporte por parte de los responsables de la documentación requerida, la Revisión consideró los bonos de sueldos incluidos en los expedientes de pago y el listado de personal que prestó el servicio, como respaldo documental y determinó un monto sin justificar (diferencia entre horas acreditadas y horas facturadas)”, agregaron desde la auditoría elaborada por el Tribunal de Cuentas.

Los montos estipulados deberán ser abonados de manera solidaria con aportes máximos para cada ex funcionario, los cuales deberán ser depositados en Banco Nación dentro de los próximos 30 días. Asimismo, esta causa será remitida a la Fiscalía de Estado.