La primera amplía conformación de la Suprema Corte de Justicia a la vez que transparenta su funcionamiento interno. La otra delega los controles viales a los municipios.

Con el aval del triunfo en las elecciones legislativas, el gobernador Alfredo Cornejo usará su mayoría para torcer la voluntad del Senado y aprobar dos leyes claves para su política de seguridad. Ampliación de la Suprema Corte de Justicia y descentralización de los controles viales tienen como objetivo responder a la demanda social de una justicia más rápida y mayor presencia de agentes en las calles.

Después de un acalorado enfrentamiento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales -el miércoles pasado-, los senadores radicales y opositores volverán a verse las caras hoy en el recinto de la Legislatura. Como puede esperarse, el ánimo no es el mejor y ambos bloques ingresarán con posiciones contrarias ya adelantadas, sobre temas trascendentales para la vida institucional de provincia.

Las modificaciones a la conformación de la SCJ ocupan un lugar central ya que significa un eslabón central en la agenda del gobierno para transformar la justicia mendocina. Entre sus puntos principales, el proyecto destaca la necesidad de agregar dos ministros a la Corte (pasarán de 7 a 9 miembros), para que puedan ocuparse de terminar con el cuello de botella acumulado por los juicios laborales y las causas elevadas contra el mismo Estado. Ampliación que fue cuestionada por sectores judiciales y políticos, que temen que una mayor burocratización.

Pero el proyecto va más allá e introduce modificaciones en la forma en que se distribuyen los recursos, que ahora se distribuirán en tres salas. Además transparenta el gobierno interno, ya que la acordadas o resoluciones del Tribunal Superior de Justicia serán publicados en el Boletín Oficial, al igual que los decretos del gobernador o las resoluciones ministeriales.

A falta de consenso, la balanza se inclinará con el peso de los votos, una receta empleada hasta el hartazgo desde hace casi dos años por el oficialismo, que cuenta con mayoría propia y aliados. Situación a la que deberán apelar nuevamente cuando llegue a la Cámara Baja.

Distinta es la situación del proyecto de reforma de la Ley de Tránsito, que cuenta con media sanción en Diputados y el aval de una mayoría amplia de los intendentes. Al principio, la descentralización de la policía vial había sido resistida por los mandatarios departamentales ya que solicitaban fondos provinciales para su entrada en funcionamiento.

La promesa de federalizar las obras viales y reincentivar las construcción de viviendas, incluídas en el boceto del Presupuesto 2019, habría bastado, incluso a los intendentes más reacios, a hacerse cargo de la seguridad vial de su propio departamento. No obstante, se prometió capacitación y asistencia de la Policía Vial, hasta que entren en funcionamiento los juzgados municipales y el cobro de multas refinancie el sistema.

Con la generalización de cuerpos de agentes municipales, la idea del Ministerio de Seguridad es retirar a las fuerzas policiales que hoy se ocupan en el mantenimiento del tránsito en la provincia. Esto redundará en la liberación de recursos humanos altamente calificados que podrán aplicarse a tareas de prevención del delito. Su intervención únicamente se mantendrá para el caso de los siniestros con muertos en el lugar, con el objetivo de instruir el sumario correspondiente.

El proyecto fue elaborado en mayo de  2016 por el ministro Gianni Venier, pero su presentación en la Casa de las Leyes quedó relegada por el tratamiento de la Emergencia en Seguridad, las modificaciones que se introdujeron en el Código Procesal Penal y recientemente, por las elecciones de medio término.