El lado B de los bonos: asesores, pagos a futuro y el “alerta” por los riesgos

Para poder conseguir los US$500 millones intervinieron varios bancos y asesores financieros. Ponen como “riesgo” para los inversores, la repercusión de las medidas económicas.

Mendoza consiguió 500 millones de dólares a través de la emisión de un bono de deuda y hubo alivio para las cuentas públicas. Para obtener esos recursos hubo una carrera en el mundo financiero que incluyó viajes, contratación de consultores, negociaciones y argumentos. El “lado B” de la colocación del bono internacional tiene varias aristas.

Por un lado, Mendoza deberá resignar una pequeña porción de esos 500  millones de dólares para pagar los gastos de ese recorrido. Según los números oficiales, a la provincia le quedarán “netos” US$ 493.550.000. Lo que falta para completar los 500 millones, 6,45 millones de dólares, tiene dos explicaciones. Cerca de 1,4 millones de dólares en total se destinaron a gastos de comisiones y operativos. Según la información oficial, el pago de comisiones fue el más bajo de los últimos años. Así, por comisiones se pagaron cerca de 700 mil dólares. Por costos de abogados, pasajes y gastos operativos, se pagaron cerca de 700 mil dólares más.

El resto fueron recursos  descontados  por la forma elegida para colocar los bonos. Según explicaron desde Hacienda, se eligió una emisión "a la par", que implicaba recibir algo menos del 100% y pagar por esa misma cantidad.

Aunque el agente financiero original era el Credit Suisse, luego se hizo un acuerdo con el Citigroup, que compartió esa tarea. Pero además se contrató el asesoramiento de estudios de abogados especializados en el tema. También se sumaron el Banco Nación y el Banco Voii.

“Estimamos que el mundo de los fondos brutos obtenidos de la venta de los Títulos de Deuda será de US$ 493.550.000, antes de deducir las comisiones y los gastos estimados de elaboración del prospecto a cargo nuestro”, indicó el Gobierno en el prospecto de la emisión de bonos elevado a la Bolsa de Comercio. Mendoza declaró como asesores legales al estudio “Cabanellas Etchebarne Kelly”, que fue noticia en los últimos años por ser el estudio predilecto de la mayoría de las provincias para emitir deuda. En Estados Unidos se contrató a la firma “Holland & Knight LLP” para el asesoramiento en leyes de ese país. De hecho los bonos corren según la legislación del Estado de Nueva York. Pero además, se declaran como asesores legales de los colocadores a los estudios “Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran” para leyes argentinas y “Linklaters LLP” para Estados Unidos. También está en el negocio el Bank off New York Mellon, como agente de pago.

Mendoza alivia el pago de su deuda con la emisión de bonos. El Gobierno deberá pagar intereses por esa deuda cada 19 de mayo y 19 de noviembre. Pero el próximo gobernador tendrá más dolores de cabeza, pues deberá hacerle frente al pago del capital en tres cuotas: el 19 de mayo del 2022 Mendoza debe pagar USD 166.650.000,  el 19 de mayo del 2023 otros USD 166.650.000 y el remanente el 19 de mayo de 2024 deberá cancelarse el bono con el pago de 166.700.000 dólares.

Las dudas sobre el futuro

En el texto elevado a los inversores, el Gobierno debe incluir los riesgos que consideran que corren al comprar los bonos. En esos casos se detallan los problemas posibles “al extremo” para que nadie pueda demandar a la provincia por ocultar información. En ese sinceramiento aparecen detalles curiosos sobre la visión de la provincia y las preocupaciones a futuro. En ese sentido, por ejemplo, aseguran que pueden generarse reacciones sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y hasta se deja la puerta abierta ante la posibilidad de volver a abrir las negociaciones salariales. “La Provincia no puede garantizar que los empleados públicos no solicitarán incrementos compensatorios adicionales o que no se concederán más incrementos o que no se contratará más personal”, dice el documento.

Los principales riesgos se lo atribuyen a la economía nacional y hablan de la incertidumbre que genera el cambio de partido político de gobierno. “Algunas de las medidas necesarias podrían resultar impopulares y generar malestar u oposición social y política. Resulta dificultoso predecir el impacto de estas medidas sobre la economía”, advierte el Gobierno de Mendoza a los inversores.

En el mismo sentido, ponen como duda la capacidad política de Macri para gestionar con minoría  en el Congreso. “La imposibilidad para la gestión de Macri para implementar las medidas de manera apropiada como resultado de la falta de apoyo político puede afectar en forma adversa la economía argentina y su situación financiera”, agregan los analistas.

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