Para ello creará una comisión evaluadora que también tendrá a su cargo la evaluación de los valores a pagar por expropiaciones de terrenos para obra pública.

El Gobierno provincial avanza en un proceso de organización y tasado de sus bienes esparcidos en el territorio provincial, de los cuales, en la actualidad, no se tiene un cifra precisa de su valor de mercado ni potencialidad. Por eso creará una Comisión Valuadora General, que sumará entre sus funciones la de determinar el precio de terrenos o inmuebles que necesita expropiar para la realización de obras públicas o la instalación de efectores de servicios.

La comisión estará integrada por miembros del Poder Ejecutivo y representantes de la organización civil. Entre los primeros se cuentan funcionarios de la Dirección de Catastro, Dirección General de Rentas (ambos de la Administración Tributaria Mendoza), la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes y un representante de la Contaduría General de la Provincia. Desde el sector civil, se cuentan el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.

Con este abanico de incumbencias, la CVG tendrá como principal objetivo traer orden a un sistema registral que le ha traído dolores de cabeza al Gobierno, ya que tal como adelantó Diario Vox, desde hace hace 11 años que no se hace un inventario de bienes del Estado. A lo que se suma que los órganos a cargo de este control se encuentran atomizados, con funciones superpuestas y un vacío legal que restringe sus tareas. Una situación que no a pasado desadvertida a inescrupulosos que han recurrido a la figura legal de la usucapión para quedarse con bienes que le pertenecen a todos los mendocinos en Cacheuta y Capital, y por los que se han iniciado acciones legales.

Actualmente, existen tres organismos encargados de recolectar, mantener y actualizar esta información. Éstos son el RUPI (Registro Único de la propiedad Inmueble) que posee una base de datos con los edificios disponibles en toda la provincia, la Dirección de Tierras Fiscales y la DAABO (Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Provinciales), que también tiene a su cargo bienes muebles y rodados. Cada uno responde a su vez a ministerios distintos por lo que su administración además de estar atomizada no permite fluidez de información.

Según adelantaron, el Gobierno se encuentra trabajando en un proyecto de ley para unificar estos departamentos estancos. Una política coincidente con la CVG, que seguramente se sumará en el texto de la futura norma, que una Legislatura renovada por las elecciones de medio término, tendrá como objetivo en la agenda de 2018.

Mientras tanto, cuentan ya con una modificación de la Ley de Responsabilidad Financiera, que autorizó a la DAABO (Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales), para que remate propiedades con un valor de $40 millones.