Estiman que la medida alcanzaría a más de siete mil empleados públicos de distintas áreas con pagos de deudas que van desde los siete mil pesos a sumas millonarias.

A través de la ley 9012, que autoriza el pago de deuda a empleados públicos que mantienen reclamos judiciales contra el Estado con un tope de hasta $500 millones, el ejecutivo provincial busca cerrar de manera definitiva no solo los conflictos judiciales sino también aquellos reclamos administrativos que podrían tener en el corto o mediano plazo sentencia favorable.

Según estimaciones del propio gobierno, habría al menos unos siete mil empleados públicos de distintas reparticiones en esta situación con deudas que van desde siete mil pesos a otros más significativos que alcanzan cifras altísimas de hasta cuatro millones de pesos, según afirmó el subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Ricardo Canet.

El gobernador Alfredo Cornejo dijo que se reconoce la justicia en los reclamos ya que se ajustan a leyes que están vigentes, y aseguró que buena parte de los reclamos vienen desde hace muchos años e incluso algunos que datan de principios de los 90. Si bien hay casos en casi todas las áreas, desde el gobierno indicaron que durante el relevamiento se detectaron unos dos mil casos en el Ministerio de Salud y cerca de cinco mil más en el Ministerio de Seguridad.

El mandatario subrayó que el pago de la deuda es un hecho de suma trascendencia y un ejemplo de sana administración que va en la misma dirección de haber equilibrado el déficit operativo en tan solo dos años de gestión. En ese sentido manifestó que el objetivo es sacar ya de la nómina las deudas presuntas o reales que se tienen con muchos empleados públicos y empezar a blanquear de aquí para adelante todos los sistemas paritarios para no seguir arrastrando reclamos tras reclamos como se venía haciendo hasta ahora. “La mayor eficiencia es no tener reclamos pendientes que son justos y que finalmente en algún momento se le va a pedir al Estado que pague esas acreencias”, remarcó.

Consultado sobre cuál fue la base que se tomó para calcular la deuda de $500, Ricardo Canet dijo a Diario Vox que hay una parte que corresponde a una deuda consolida con reclamos con sentencia firme y que también existe otra deuda que aún se está relevando. “Desde hace varios años cuando no había dinero en el presupuesto corriente la deuda se registraba en Fiscalía de Estado y se preveía el pago diferido con intereses al presupuesto siguiente, esa es la deuda que está consolidada. Pero hay otra deuda que es la administrativa, reconocida en sede administrativa o judicial, que todavía no tuvo sentencia y que aún no conocemos porque la estamos relevando. En principio creemos que vamos a llegar a cubrirla con los 500 millones y en el caso de quedar un saldo el mismo será registrado para el presupuesto de 2019”, explicó.

Por otro lado, el funcionario aclaró que de aceptar la cancelación de la deuda, el empleado deberá firmar un acuerdo individual de pago que entraña la renuncia futura, en forma judicial o extrajudicial, por el concepto que se les está abonando.