El Gobierno culpó al entorno familiar de la niña asesinada

En lugar de explicar la sucesión de hechos y la responsabilidad del Estado, los funcionarios culparon a los familiares por no denunciar el caso con anterioridad.

En menos de 24 horas se registraron en la provincia dos conmocionantes asesinatos de niños de dos y tres años. Pero más allá de apuntar hacia los responsables directos e indirectos de estos hechos, tanto en el entorno familiar como en las instituciones encargadas de proteger los derechos de niños y niñas, lo que queda en evidencia es la falta de articulación y las graves fallas que presenta todo el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Mendoza.

Esto quedó a la vista en la conferencia de prensa brindada ayer por referentes de la cartera de seguridad y del ministerio Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde los funcionarios se mostraron más preocupados por deslindar responsabilidades que en explicar la sucesión de hechos y causas que derivaron en la evitable muerte de Catherina Cardoso, como también en la internación de su hermana Sheila, de siete años, en el Hospital Notti por maltrato físico y abuso sexual.

La actual ministra de Salud, Claudia Najul, y la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, no fueron a la conferencia de prensa. En su lugar lo hicieron el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; la coordinadora del OAL de Capital, Daniela Torres; y José Vega, del ministerio de Seguridad, quienes tras de repasar los hechos aseguraron que todo lo actuado se hizo en base a los protocolos e intentaron desplazar el eje del problema hacia los familiares de las niñas.

En más de una ocasión, Torres enfatizó en la necesidad de informar y de empoderar a las familias, las redes comunitarias y la sociedad para que se realicen las denuncias. “Parece muy bien que los medios pongan el ojo en el Estado, pero también es muy importante que se ponga el ojo en las dinámicas familiares para que este tipo de casos sean denunciados con mucha más anterioridad”, dijo.

El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, en declaraciones a Diario Los Andes, afirmó que hay 3 expedientes judiciales sobre la causa. Uno donde se investigan las lesiones de la nena internada (Sheila), otro por la muerte de Caterina y un tercero de búsqueda de personas (por Brizuela). Además, el jefe de fiscales abrió un sumario para evaluar la actuación de cada miembro del Ministerio Público e indicó que el OAL deberá explicar qué trámites hicieron para dar con la menor.

Pero lo que se está obviando es que eso que reclama con vehemencia la funcionaria del OAL es una función indelegable del Estado y está expresamente indicado en la ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes sancionada en 2005. La norma dice que son los Organismos del Estado quienes tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal como también “es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen”.

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