El congelamiento de las tarifas vetado por Macri aún tiene una chance de ser ley

La Constitución prevé que el Congreso pueda imponer el proyecto con dos tercios de ambas cámaras. Desde el regreso de la democracia, 84 eludieron la negativa presidencial.

Tal como lo había anticipado durante las últimas semanas, el presidente Mauricio Macri vetó el proyecto de ley que buscaba retrotraer las tarifas a 2017. No obstante, el camino para convertirse en ley aún no está cerrado y la oposición podrá apelar al Congreso para para buscar imponerse. De acuerdo a la Constitución Nacional, necesitarán reunir el apoyo de dos tercios en ambas cámaras para torcerle el brazo al Poder Ejecutivo.

Desde el regreso de la democracia, un total de 84 proyectos lograron sortear el rechazo del presidente de turno y se convirtieron en ley. El ranking de los eludidos es liderado por el justicialista Carlos Menem, al cual el Congreso le impuso 30 leyes de las 195 que vetó. La misma suerte la corrieron Fernando De La Rúa con 5 de 46, y Raúl Alfonsín con 1 de 49. Mientras que a Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y hasta ahora, Mauricio Macri, no les lograron imponer una ley que no hubiera apoyado desde el principio.

Pero para entender qué es el veto, primero hay que saber cómo nace una ley.  En Argentina, para que una iniciativa prospere, primero tiene que atravesar un mecanismo que garantice un tratamiento democrático y su conveniencia para la legislación vigente. Consta de cuatro partes claramente diferenciadas e imprescindibles, a saber: la propuesta, la sanción, la promulgación y finalmente, la publicación (Art. 78 CN).

La propuesta puede provenir tanto de un legislador, como del presidente o incluso de la ciudadanía (Art. 77). Esto último fue incorporado por la Reforma de 1994, y no está disponible en Mendoza. Una vez ingresado, ya sea por Diputados o el Senado, la cámara de origen que toma el proyecto lo discute en comisiones (Defensa Nacional, Asuntos Constitucionales, Educación y Cultura, etc.), las que emiten un dictamen y lo remiten para el debate parlamentario.

En caso de conseguir la mayoría necesaria de los votos, lo remite a la cámara revisora (si empezó en Diputados pasa a Senado y viceversa),  para que realice el mismo procedimiento). En ese tránsito, si la cámara revisora realiza una modificación, vuelve al origen para su aprobación o rechazo (Art. 81 CN). En caso de que un proyecto logre sortear toda esta ingeniería legislativa y obtenga su sanción, luego es remitida al presidente para que lo promulgue y publique en el Boletín Oficial.

Qué es el veto y cómo se elude

De acuerdo a la bibliografía constitucional más extendida, una vez que el Congreso sanciona un proyecto de ley se inicia una nueva “etapa de control del Poder Ejecutivo” (Quiroga Lavié - Benedetti - Cenicacelaya, 2009). Es decir, que el presidente realiza un “examen” para ver si la norma se ajusta o no a su plan de gobierno. Si coincide, lo aprueba. En caso contrario, lo veta.

Más allá de ser un atributo para facilitar la gobernabilidad, la Constitución posee además otros “subprincipios” que garantizan que un poder no impida o neutralice totalmente el accionar del otro. Según los mismos autores, el veto presidencial es una atribución por la cual “el presidente impide transitoriamente que el proyecto se convierta en ley y demanda una nueva intervención del Congreso”. “No se trata de un impedimento absoluto sino suspensivo”.

Este subprincipio de “no bloqueo” (Art. 83 CN), establece que una vez vetado un proyecto, en caso de querer insistir, debe volver la cámara de origen (Tarifas fue presentado en Diputados), donde debe conseguir dos tercios de los votos de los presentes. Una operación que luego deberá replicarse en la cámara revisora (Senado).

Si la voluntad del Frente Renovador (redactor del proyecto) y sus aliados se mantiene, no le bastará con los números obtenidos para su primera sanción. Así, teniendo en cuenta el total de los legisladores deberá conseguir el acompañamiento de 172 diputados (u 86 con quórum mínimo) y 48 senadores (o 26 con quórum mínimo).

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