Si bien reconocen las estadísticas publicadas por el Indec sobre pobreza e indigencia, desde Barrios de Pie afirman que “detrás de ese sinceramiento estadístico no hay políticas públicas”.

Previo a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difunda los datos oficiales sobre pobreza e indigencia en el país durante 2017, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que desde 2012 mide el índice Barrial de Precios (IBP), reveló que una familia de dos adultos y dos niños pequeños necesitó en diciembre del año pasado unos $2500 más que en el mismo mes de 2016 para poder cubrir sus gastos totales.

Además, el informe reveló que la cifra para cubrir los gastos de alimento pasó de $5185 a $6144,98, lo que representa un incremento cercano al 20% tanto en la Canasta Básica de Alimentos  como en la Canasta Básica Total.

Cabe destacar que estos datos se obtuvieron a partir del relevamiento de 400 negocios de 20 distritos del conurbano bonaerense sobre 57 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos.

En Mendoza, la coordinadora local del Isepci, Karina Ferraris, quien también es Concejal en Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, dijo que aún no cuentan con información para establecer los índices locales.

Al respecto, Adrián Bonada, también integrante del Ispepci y de la organización social Barrios de Pie, comentó a Diario Vox que la ausencia de datos se debe a que están trabajando en un replanteo metodológico que sumará al tradicional relevamiento del IBP otras variables como desarrollo alimentario en niños y niñas, calidad nutricional, nivel de educación y la situación ambiental de los basurales y su entorno urbano.

Además adelantó que están trabajando en la elaboración de un “mapa interactivo de la solidaridad”, que será de acceso público y contará con información de organizaciones sociales de todo el país que realizan alguna labor comunitaria.

El objetivo de la iniciativa es que el resto de la sociedad pueda conocer dónde están, cómo trabajan y qué hacen muchas organizaciones sociales. “Queremos mostrarle a algunos sectores de la sociedad, que a veces están contaminados con la idea de que todos los que reciben una ayuda social son vagos, que hay organizaciones que laburan honestamente y que si no existieran estaríamos viviendo un escenario mucho más complicado”, indicó Bonada.

Sobre la situación aseguró que los datos del Isepci se acercan bastante a los últimos difundidos por el Indec, que para el primer semestre de 2017 muestran que la pobreza afecta al 31,5% de la población mientras que un 4,5% se encuentra en situación de indigencia. En ese sentido el referente barrial manifestó que si bien hubo meses en los que el Indec no publicó datos de pobreza, periodo que también coincidió con los mayores ajustes aplicados por el gobierno nacional, el instituto de estadística oficial ha demostrado ser bastante transparente en el relevamiento de los índices de inflación y pobreza. “El tema es que se sinceran los datos, pero detrás de ese sinceramiento no hay políticas públicas, por lo tanto, si no se toman medidas la situación no va a mejorar”, agregó el dirigente.

Pero más allá de los datos estadísticos, Bonada explicó cómo se perciben en los barrios más vulnerables de la provincia las medidas económicas aplicadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri y señaló que 2016 fue un año muy difícil producto de la caída en la actividad económica y un importante retroceso en el consumo, sobre todo de la clase media que repercute en los sectores más bajos.

Si bien la situación mostró alguna mejoría durante el año pasado, el dirigente barrial explicó que la reactivación fue propia de un año electoral y que la misma se diluyó cuando el gobierno nacional decidió avanzar con la reforma previsional. Medida que considera perjudicial no solo para los jubilados, sino también, para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“En los barrios hay una cuestión muy clara y es que con los niños y los abuelos no se jode. Entonces cuando se toman medidas que puedan afectar la AUH, que es una de las pocas fuentes de ingreso que tienen muchas familias, se genera mucho malestar. Y está claro que si no existiera una red de programas sociales estaríamos hablando de índices de pobreza como los de países africanos”, aseguró Bonada.