Descubren engaños con seguros y la Justicia falla a favor de usuarios

Un hombre, que compró un auto, falleció y a pesar de estar asegurado la empresa quiso cobrarle el auto. La Justicia le dio la razón. Explican cómo leer la “letra chica” de los contratos.

Por Horacio Yacante

En julio de 2009, una pareja compró un auto cero kilómetro en una concesionaria a través de un préstamo prendario sobre el mismo vehículo, que contaba además con un seguro de vida en caso de que alguno de ellos muriera y no pudieran pagar la deuda. Unos años después, la fatalidad se hizo presente en la familia y el marido falleció. Sin embargo, cuando la viuda quiso hacer valer su contrato, la financiera se negó argumentando que el hombre no era el asegurado sino ella, por lo que tenía que seguir pagando.

Después de años de lides judiciales, la Justicia mendocina falló contra la financiera y la obligó a hacerse cargo de la deuda. La decisión la tomó la Suprema Corte, en fallo dividido, luego de que la justicia civil le diera la razón a la empresa aseguradora.

El caso, que es tomado como un antecedente en la provincia, grafica lo que viven miles de personas en el día a día y se enfrentan a pérdidas de derechos por contratos contraídos con empresas aseguradoras, cuya “letra chica” les termina jugando en contra. Justamente esos casos se acumulan en Defensa del Consumidor y Tribunales.

El defensor provincial de los Consumidores, el abogado Sergio Rocamora, explicó que si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es la encargada de llevar adelante los reclamos de particulares y empresas, “en la defensoría es muy común que la gente se acerque a exponer situaciones en las que se han visto desprotegidos por los mismos servicios que contrataron para asegurarse, lo cual termina siendo irónico”.

“Hace poco tratamos el caso de una mujer que había contratado un seguro contra accidentes porque su marido había comenzado a andar en moto. Finalmente, su temor se materializó y el hombre perdió la vida en un siniestro vial. Pero cuando fue a cobrar el seguro, se encontró con que la empresa no quiso pagarle, porque en el contrato habían agregado una cláusula que los eximía de pagar, si se trataba de un accidente justamente con motos”, ejemplifica Rocamora.

El abogado señala que en ambos casos el problema no estuvo en la ingenuidad de los contratantes, sino en la falta de precisión de las financieras a la hora de comunicar las carencias y alcances del contrato que les hacían firmar. “Las financieras y aseguradoras deben asegurarse de que el consumidor sabe y conoce lo que firma, ya que ante la sola duda de éste, un juez habrá de fallar indefectiblemente a favor de él”, explica.

El problema por tanto reside en la complejidad de los contratos, cuyos detalles y terminologías legales no son entendibles para personas cuyas profesiones no estén relacionadas con el derecho. Por eso es que los consumidores “tienen el derecho de conocer los alcances del contrato y por tanto, las empresas deben hablar el lenguaje de la gente, asegurándose que la información precisada sea adecuada, clara y veraz”, y de este modo evitar “malos entendidos” y que los casos sean llevados a la Justicia.  

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