Un fallo judicial le otorgó derechos laborales a un grupo de detenidos. Tendrán vacaciones, asignaciones y se pueden agremiar. En Mendoza la mayoría no trabaja.

La Justicia dio curso a un pedido oficial para que los presos tengan en Argentina los mismos derechos laborales que el resto de los ciudadanos. Así, deberán tener acceso a descanso, vacaciones y hasta la posibilidad de formar parte de sindicatos.

“Para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares -entre otros- el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad. En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre”, indica el fallo.

 El alcance de esa resolución es para una cárcel y fue luego de que la Procuraduría Penitenciaria de la Nación presentara un habeas corpus. La iniciativa podría ser imitada en otras jurisdicciones (Mendoza cuenta ya con una procuraduría).

En Mendoza el acceso al trabajo de las personas privadas de la libertad es escaso. Según los datos del Sistema de Estadísticas de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación, en la provincia hay sólo 748 presos que realizan algún trabajo remunerado. En ese caso trabajan más de 40 horas semanales. Ese informe indica que hay 2744 presos no realizan trabajo remunerado.

La contrapartida es que la mayoría accede a cursos de capacitación: 3374 presos han tenido acceso a talleres de capacitación y sólo 118 no. Es decir, se capacitan, pero luego no hay opciones laborales “intramuro”. Una de las salidas laborales más común es ser parte de los talleres de oficios en las cárceles. Incluso igualmente los datos de Mendoza son similares a los nacionales.

Según el fallo que habilitó los derechos laborales, a nivel nacional sólo “el 19% cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81% restante, o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad, todo lo que viene a señalar que ocho de cada diez presos no gozan de los derechos consagrados en  el artículo 14 bis constitucional”.

Se destacaron los datos estadísticos relevantes que enmarcan la realidad laboral penitenciaria argentina actual, en tanto reflejan que el 59% de las personas privadas de su libertad en nuestro país no accede actualmente a ningún trabajo remunerado. Por ley, el trabajo en las cárceles debe ser remunerado y se debe pagar un mínimo de 22 pesos por hora.

Los jueces tuvieron en cuenta el tema salarial para fallar. “No puede escapar que para cubrir el equivalente al salario mínimo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un preso debería trabajar un mínimo de diez horas durante cinco días de la semana”, indica la resolución judicial.