Denuncian 6 meses de atraso en el pago de servicios para personas con discapacidad

Instituciones y personas con discapacidad realizarán hoy a las 10.30 una caravana hasta Parque Central para denunciar la falta de pago de servicios por parte del organismo que conduce la vicepresidente de la nación Gabriela Michetti.

Según el director del Instituto El Naranjito, Rodolfo Rubistein, uno de los organizadores de la caravana para reclamar por la situación que atraviesan instituciones y transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad, el atraso en los pagos acumula más de seis meses en el caso de las instituciones, y a los transportistas se les debe todo el año en curso. A esto se suma una deuda del 20% de los pagos de agosto, septiembre y octubre de 2017 y una liquidación “errónea” con un quita del 40% de los aranceles de mayo de 2018.

Rubistein afirmó que “desde abril no hemos cobrado absolutamente nada y sobre la liquidación de mayo nos quieren hacer una quita del 40% aduciendo argumentos que no tienen ninguna fundamento. Después nos dijeron que había sido un error de fórmula, algo que es imposible porque los montos que nosotros facturamos surgen de un registro que ellos emiten por lo tanto no podemos facturar nada que ellos no hayan autorizado”.

Para tener una dimensión de lo que esto significa cabe señalar que en la provincia hay ciento cincuenta permisionarios de transporte (transportistas), alrededor de ochenta instituciones categorizadas más otro número de prestadores no categorizados pero sí inscriptos en el Ministerio de Salud donde trabajan cientos de profesionales y personal técnico capacitado a quienes también se le debe el pago por sus servicios.

Gabriela Juárez, que ejerce la doble función de directora de Discapacidad y a su vez preside el Consejo Provincial de Discapacidad, dijo que los atrasos de Incluir Salud son reales y que desde septiembre del año pasado desde el Consejo han solicitado en varias oportunidades que se regularice la situación de los pagos. Además que por este tema ya existía un pedido de audiencia con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien tienen bajo su órbita la Agencia Nacional de Discapacidad.

Crece la incertidumbre por la baja de pensiones

Como adelantó Diario Vox la semana pasada, tras la publicación de la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad  miles de personas podrían perder su pensión como consecuencia de existir algún tipo de incompatibilidad, según lo establece el Decreto 432 del menemismo que da origen al derecho de recibir una pensión por invalidez a personas que no pueden ejercer un trabajo por presentar más de un 72% de discapacidad.

Según el decreto, la incompatibilidad también se define si la personas es titular de un vehículo 0km o de una moto. Otros de los puntos que los funcionarios ya anticipan es que podría haber problemas con los ciudadanos extranjeros que no acrediten 20 años de residencia en el país, quienes deberán tramitar el certificado de extranjería o el cambio de nacionalidad.

Muchos de los requisitos para acceder a una pensión se flexibilizaron con el tiempo para poder ampliar el universo de beneficiarios, pero lo cierto es que el decreto sigue vigente y también lo están las condiciones para determinar la continuidad o el cese de la prestación. Y ese fue uno de los argumentos que el Gobierno Nacional utilizó para justificar el año pasado la baja de miles de pensiones que luego la justicia ordenó restituir pero que todavía muchas siguen sin ser restituidas.  Juárez, dijo que a partir de esta situación el Consejo Federal de Discapacidad comenzó a trabajar en un proyecto que sea superador de la concepción de invalidez y que busca universalizar el beneficio para todas las personas con discapacidad.

Pero más allá de las buenas intenciones, el único avance concreto ha sido la publicación de Resolución 268 que establece los nuevos procesos administrativos que se utilizarán para notificar la incompatibilidad en el cobro de la pensión, lo que algunos ven como una forma de evitar los amparos judiciales.

Ante la pregunta de si no es un error avanzar más rápido con una decisión administrativa que con la idea de un proyecto que busca universalizar un derecho, Juárez dijo que “en la última reunión del Consejo Federal se dio un debate muy fuerte porque es algo que ha perjudicado a todas las provincias” y agregó que “más que un una torpeza política ve falta de experiencia en lo administrativo, porque si bien se ha hecho con las mejores intenciones, pero creo que fue un error crear una superestructura como la Agencia Nacional de Discapacidad que es muy difícil de administrar rápidamente”.

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