El Gobierno quiere proteger a los docentes que detecten casos de abusos o maltratos, pero desde la Legislatura no quieren que todo quede en manos del Poder Judicial.

Comenzó en la Legislatura el tratamiento de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno que tiene como finalidad cuidar la seguridad e integridad de los docentes y darle mayor participación a la justicia en casos de violencia escolar. Sin embargo, los asesores de menores son pocos en relación a las mil escuelas que existen en la provincia, por lo que su aplicación no podría garantizarse en todo el territorio. Además, temen que se judicialice la asistencia de los estudiantes y se quiten espacios que hoy son cubiertos por el Órgano Administrativo Local.

La idea pertenece al Poder Ejecutivo y forma parte del paquete de medidas tendientes a garantizar la seguridad de maestros y profesores, tanto dentro como fuera de la escuela, de agresiones que puedan producirse de parte de padres, madres o familiares de sus alumnos. Además, protege el anonimato temporal del docente que detecta casos de abusos en chicos y les quita la responsabilidad de tener que confrontar a los abusadores al realizar la denuncia ante la oficina fiscal.

Más allá de la intención, en su primera reunión informativa en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, tanto legisladores radicales como justicialistas encontraron errores en el proyecto que pondrían en riesgo su aplicación. Uno de ellos fue destacado por la senadora Ana Sevilla, quien señaló que “al introducir instancias iniciales en las que actúa el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar (MPDyP), se le da a los defensores una injerencia inmediata que hasta ahora se resuelve de manera administrativa”, agregó.

En la misma dirección, la senadora Patricia Fadel también remarcó fallas a nivel de redacción del articulado que modifica al actual Código de Faltas, ya que “en la forma en la que está planteado, no deja claro el lugar de la OAL y se presta a confusiones y retrocesos”. “Hace años que se viene trabajando y creando equipos especializados, para que ahora se le pase todo al Poder Judicial”, lamentó.

En materia de aplicación y los recursos humanos que son necesarios para la puesta en funcionamiento de las modificaciones, la defensora general Mariana Silvestri no ocultó su preocupación el déficit de personal que exhibe el recientemente creado MPDyP.

Al respecto explicó, “La cantidad de asesores de menores es poca en comparación con la cantidad de escuelas y la totalidad del territorio a cubrir”. “Si lo que se busca es que los casos se traten con mayor celeridad, habrá que establecer un protocolo con la Dirección General de Escuelas para ver cómo se gana en tiempo y también se deberían incluir a los jueces de familia para garantizar la territorialidad”, propuso.