Crece la población en las cárceles y las granjas penales están casi vacías

Hay más de 3700 personas en las distintas cárceles y denuncian hacinamiento; Mientras tanto, en las instalaciones de fase de confianza hay capacidad ociosa.


Por Horacio Yacante

El endurecimiento del régimen penal realizado en Mendoza en los últimos años, ha generado dos efectos contrarios y a la vez significativos de la situación penitenciaria provincial.

Por un lado, las cárceles mendocinas se encuentran excedidas en su capacidad y algunos internos “hasta duermen en el piso”, mientras que las colonias penales de recuperación no alcanzan ni a cubrir una cuarta parte de las vacantes disponibles. En los últimos diez años la población penal aumentó un 30% aproximadamente. La Procuración Penitenciaria Nacional pone a Mendoza y a Córdoba como las provincias donde más crece la cantidad de presos.

Fabricio Imparado, procurador de personas privadas de la libertad de Mendoza, comentó que mientras se estima que aproximadamente 3750 personas permanecen encerradas (el número cambia constantemente), solo una fracción muy mínima puede acceder a las instancias más cercanas a la inserción social, como son las colonias penales de Gustavo André en Lavalle y en San Rafael. Justamente en esta última, es llamativo que de las 60 plazas disponibles, actualmente estén siendo aprovechas por 15 personas –o menos-, lo que representa solo una cuarta parte de su capacidad.

La presión ejercida por la opinión pública después de los asesinatos resonantes -principalmente el de Matías Quiroga-, fue significativa para que las unidades penales mendocinas se colocaran entre las más densamente pobladas del país.

El hecho de que Omar “El Tanga” Gómez (recientemente hallado culpable del asesinato del joven), gozara de salidas transitorias, terminó siendo determinante para que este tipo de beneficios se volvieran inaccesibles para el resto de los internos y la población penal explotara demográficamente.

Condiciones inhumanas

Las condiciones edilicias que presentan las unidades penales distan mucho de ser humanas. La falta de un lugar donde dormir es lo primero que salta a la vista de los observadores y fiscalizadores nacionales e internacionales. “Hemos encontrado que Almafuerte (la unidad más moderna del sistema), llegan a dormir hasta siete internos en una celda diseñada para tres”, comenta Imparado.

La cárcel de mujeres, ubicada en El Borbollón, en Las Heras, no escapa de esta realidad y en algunos casos ocurre que dos internas tienen que compartir la cama para que no duerman en el piso.

También están expuestos a otros peligros como las conexiones eléctricas “tumberas”, es decir, cables con electricidad que pasan de celda a celda sin cuidar ninguna norma de seguridad. La limpieza de los predios y la higiene personal de los internos también es descuidada, ya que no se facilitan los suministros necesarios.

El procurador argumentó que si bien es poco probable que se detenga la corriente que promueve el endurecimiento penal en nuestra provincia, el caso de Omar Gómez, sentenciado a prisión perpetua, será paradigmático para poder entender que también se puede hacer prevención del delito desde dentro de las cárceles.

“No hay que preguntarse si ‘El Tanga’ salió o no, sino qué hicimos como sociedad cuando estaba preso”, propone el abogado y argumenta que si se entiende lo que ocurre en las cárceles, se puede trabajar para crear políticas que promuevan la inserción social de las personas que atravesaron por una condena.

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