Crece el interés de municipios por contratar autoseguro de OSEP

Guaymallén recibe servicios de salud laboral, junta médica y servicios generales. Otros intendentes del Gran Mendoza tienen negociaciones avanzadas. Dudas del justicialismo.

Desde noviembre del año pasado, la Municipalidad de Guaymallén suscribió un convenio de autoaseguro con la OSEP por servicios de salud laboral. Se trata de una modalidad que ya es usada por otras intendencias del país y que permite ahorrar costos significativos y volcarlo hacia una atención integral de los empleados públicos. En Mendoza hay otros intendentes que han mostrado su interés y podrían sumarse en los próximos meses.

En el caso de la comuna metropolitana, abarca a un total de 3.500 empleados que componen la planta municipal. Esto implica un costo del 3,7% del total de los fondos que se destinan a la masa salarial, que mes a mes gira alrededor de los $2,7 millones. Como contraprestación OSEP presta servicios de salud laboral, a los que añade el control de ausentismo, exámenes pre ocupacionales, post ocupacionales, revisiones periódicas preventivas, y junta médica para casos de mayor complejidad.

Comparado con el promedio del 13% que le cobran las empresas privadas al Estado, la ventaja es significativa. Razón suficiente para que otros municipios del Gran Mendoza se muestren interesados e incluso algunos como Maipú se encuentren en un estado de conversaciones avanzadas para migrar. Tampoco es la primera vez que se hace en la provincia, ya los gobiernos de Julio Cobos y Celso Jaque contrataron sendos autoseguros durante el periodo 2005-2008.

Sin embargo, el director general de la OSEP, Sergio Vergara explicó que la OSEP no reemplaza a la totalidad de servicios que establece la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo. Ya que en la norma nacional -a la que la provincia se encuentra adherida-, se establece que la ART además deberá brindar servicios dinerarios (indemnizaciones) y protecciones de higiene y seguridad de accidentes y enfermedades laborales. Éstas últimas, no incluidas en el convenio del autoseguro.

En este punto residen las preocupaciones de la oposición, que reunidos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se mostraron dudosos ante la protección integral de los empleados públicos de Guaymallén ante casos de accidentes laborales que puedan desembocar en discapacidad. Sin una opinión unificada dentro del justicialismo, el diputado Omar Parisi dejó entrever que “es una buena experiencia siempre y cuando el municipio u órgano estatal contrate otros servicios complementarios”. “Cuando fui director del IPV lo hice de esa manera y no tuvimos problemas”, destacó.

En un clima primado por la necesidad de hacer un gasto público más eficiente, el tema promete seguir generando debate en dos direcciones. Por un lado en lo respectivo a los altos costos laborales que resienten las arcas de pequeños municipios u órganos estatales que no cuentan con la solvencia suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones. Mientras que en la otra vereda, prefieren soportar abusos por temor a que la industria del juicio haga foco en sus administraciones.

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