Contraria a la postura del Gobierno, desde la Federación de Jubilados afirman que la medida es un engaño que no hace más que ir en contra de los derechos de los abuelos.

En el texto de la reforma previsional que se transformó en ley a fines del año pasado está previsto que quienes tengan en la Prestación Básica Universal (PBU, que hoy es de $7223) serían beneficiados con un haber mínimo equivalente al 82% del haber mínimo vital y móvil. Sin embargo la medida excluye aquellos que ingresaron por moratoria, los que cobran alguna pensión y a quienes hayan hecho uso de declaración jurada para la obtención del beneficio previsional.

Según cálculos realizados por la Federación de Jubilados Mendocinos, al tomar como base de cálculo para el 82% móvil el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que a partir de enero será de $9.500, el aumento de la jubilación mínima solo sería de $567, muy por debajo del monto que hubiera resultado de aplicar la fórmula anterior que arrojaba un aumento aproximado de $1.132. Bajo esta lógica en vez de aumentar los jubilados estarían dejando de percibir unos $570 en sus haberes.

Para Edgardo Civit Evans, presidente de la Federación, la explicación de estas medidas es más simple de lo que parece y radica en que el gobierno reconoce abiertamente que necesita 110.000 millones de pesos para bajar el déficit fiscal y que “como el dinero debe salir de algún lado se lo están sacando a los jubilados. Por eso viven haciendo anuncios que, tanto en la práctica como en la realidad, no existen”.

En esta misma línea el referente de jubilados alertó que el gobierno ha decidido sacar 160.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para destinarlo a subsidios a empresas privadas, de las cuales algunas de ellas son de origen extranjero.  “Esto no tiene justificación, ni en términos políticos ni económicos, por eso yo le llamo a la reforma previsional, que no tiene nada de reforma,  ley de quita a los jubilados”, dijo.

Otra de las contradicciones que marcan desde la institución que defiende los derechos de los jubilados, es que lejos de reducir la litigiosidad, algo que también fue uno de los argumentos fuertes al momento de anunciar la reparación histórica, los índices de litigiosidad no han bajado sino que por el contrario, estiman que a partir de ahora se incrementarán. De hecho a través de la Federación ya se han presentado varios amparos y reclamos judiciales.

El Defensor de la Tercera Edad a nivel nacional, Eugenio Semino, dijo   que “el 82% móvil para quienes aportaron 30 años generará alta litigiosidad” y agregó que esto se debe  “porque hay 5 millones de jubilados que se atuvieron a moratorias a través de una ley nacional, se hicieron cargo de sus deudas y que no están alcanzados por este beneficio”.

En rechazo a estas medidas la Federación de Jubilados convocó para hoy desde las 10 a una concentración frente en la explanada de la Legislatura e informó que quienes necesiten asesoramiento se pueden comunicar de lunes a viernes de 8.30 a 13 o al 4203368 o visitar sus oficinas en calle 9 de julio 511 de ciudad.