La semana pasada la Legislatura aprobó la ley por la cual se establece un marco regulatorio para “la investigación médica y científica del uso terapéutico o paliativo de cannabis y sus derivados”. También se encomendó al ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes la “implementación, vigilancia y control de investigaciones médicas y científicas, incluidos experimentos […]

La semana pasada la Legislatura aprobó la ley por la cual se establece un marco regulatorio para “la investigación médica y científica del uso terapéutico o paliativo de cannabis y sus derivados”. También se encomendó al ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes la “implementación, vigilancia y control de investigaciones médicas y científicas, incluidos experimentos clínicos con aceite de cannabis y sus derivados”.

El tema está en boga, en primera fila. Desde varios sectores adaptaron el escenario para poner especial énfasis sobre la marihuana y el movimiento por la despenalización. Mientras en el mundo surgen nuevos modelos no punitivos para combatir el narcotráfico y explorar los beneficios terapéuticos del cannabis, en Argentina se profundiza la "perejilización de la actividad judicial". Y suman al debate el tema del cultivo. Como marcábamos en El Bonete del viernes pasado, el activismo está cada vez más que “activo”. Según estadísticas de fines de 2016, que maneja el Gobierno Nacional, la policía secuestró 3.601 plantas en Buenos Aires, 669 en Mendoza y 395 en Salta. Esos sectores del país son los que figuran a la cabeza de ranking, de un total de 25.211 plantas de marihuana secuestradas en toda la geografía Argentina, según publica la revista Rolling Stone en su edición impresa de marzo, en el informe “Marihuana: la batalla final”.

Más allá de los vaivenes de esta historia, que es mucho más relevante que lo que aparenta desde una mirada superficial, un detalle "de color" (al menos entre la información y la informalidad) tiene curiosamente a nuestro gentilicio como protagonista de la avanzada cannábica en el norte del continente: en Estados Unidos el condado californiano de Mendocino busca denominaciones de origen para su cannabis. Se trata de uno de los condados integrantes del llamado Triángulo Esmeralda, la famosa zona de cultivo busca que microrregiones dentro de su territorio, con características climáticas y de suelo bien definidas, tengan una etiqueta que demuestre la procedencia y calidad de la marihuana. “De este modo, los pequeños cultivadores podrían enfrentar a las grandes empresas que se quieran apropiar de un topónimo del lugar para promocionar su producto” remarca un informe, publicado hace casi un año atrás, por el portal Humboldt Seed Organization. “En los buscadores de internet, ponés ‘cannabis’ y ‘mendocino’ y lo primero que te sale es información vinculada a un debate totalmente distinto" comenta un especialista en redes sociales y promoción en la web, cercano a nuestra redacción. El gentilicio nos acerca, pero el debate está en niveles muy diferentes. En el oeste norteamericano, lo que está intentando conseguir el “Mendocino Appellations Project”, es una idea desarrollada en el condado, que busca dar ese título, el de "Mendocino", a los cultivos para “proteger la cultura singular y la marca del cannabis”.

Volvamos a lo nuestro, a lo que pasa acá, en el mendocino de sur oeste. En la ley que se aprobó la semana pasada se detalla que los aceites para poder ser incluidos en las investigaciones deberán tener el “grado farmacéutico y pureza requerida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), elaborados bajo normas de calidad, seguridad y eficacia siguiendo los procesos y las buenas prácticas de manufactura farmacéutica”. A partir de ahí, se enciende el debate entre importación o autocultivo. Y en ese reclamo por la despenalización de la marihuana se cruzan, entre otras cosas, la libertad individual que preserva la Constitución Nacional, el potencial terapéutico del cannabis (validado por una parte de la comunidad médica), la salud de los consumidores problemáticos y la búsqueda de una política más eficiente para combatir el narcotráfico, como lograron en algunos países de Europa hace unos 40 años.