Campaña electoral: qué saben y cómo usan nuestros datos los partidos

Para especialistas en privacidad, intimidad y derecho a la imagen el primer filtro para evitar el uso de datos personales con fines electorales es el consentimiento del titular.

Consultada por Diario Vox, la abogada especializada en derecho informático, Bárbara Peñaloza, explicó que la guía sobre tratamiento de datos personales con fines electorales publicada por el gobierno nacional es una copia de la Ley 25.536 sancionada en el año 2000 y que tiene como principio fundamental que toda utilización de datos personales debe contar con el consentimiento expreso del titular de esos datos a quien también se le debe informar con qué fines se usarán.

En sintonía con esa normativa, la guía contempla el concepto de proporcionalidad el cual implica que quien haga uso de datos personales debe manifestar claramente cuál es la “finalidad y la cantidad de datos que se quieren recolectar”. Por ejemplo, si una persona brinda su consentimiento para responder una encuesta, por caso sobre consumo de indumentaria, el cuestionario no puede incluir otras preguntas.

La abogada afirma que si bien hay datos que son de acceso público, como el nombre y DNI y en menor medida el domicilio, hay otros que son de carácter sensible o privados como la inclinación política, la dirección de un correo electrónico o el número de celular. Por ese motivo sostiene que recibir un correo electrónico con propaganda política sin haber dado el consentimiento es ilegal y por tanto el usuario debe denunciarlo como Spam y que lo mismo cuenta para las publicidades en redes sociales.

Entre otros puntos grises la guía hace referencia a la utilización de datos públicos de redes sociales, foros y plataformas web con fines electorales. Y si bien se advierte que los que hagan uso de esos datos deben informar al usuario al menos a través de una notificación global  o una publicación en internet, la norma no es del todo específica.

Sobre el tema la especialista señala que desde su punto de vista la persona que se expresa en una red social está haciendo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, pero que a veces esas expresiones incluyen información sensible como la adhesión o crítica a una fuerza política. En ese contexto cree que utilizar esa información con fines de propaganda significa una verdadera intromisión  a la intimidad de las personas. En ese sentido agrega que “el uso de una red social es un contrato de consumo oneroso donde a cambio entregamos la huella digital que vamos dejando en la red”.

En cuanto a las posibles sanciones que existen por el mal uso de datos personales, la ley 25.326 incorpora un artículo donde dice que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años quien “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales”.

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